Ataque contra civiles, la manera más cruenta de violación de DDHH en Venezuela

La Organización de Naciones Unidas (ONU) señala que los Derechos Humanos (DDHH) son la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sin embargo Venezuela no cumple con los Objetivos

El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, desde 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). 

En Venezuela se violan los DDHH de muchas formas, muestra de ello es el agravamiento de la pobreza, aumento de las desigualdades y la discriminación. Tampoco se respetan los derechos económicos, sociales y culturales.

El informe de la alta comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet, impulsó la adopción de una Misión de Determinación de Hechos para investigar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes ocurridos desde 2014, a fin de garantizar la rendición de cuentas de los perpetradores y justicia para las víctimas.

Ejecuciones extrajudiciales

Se le atribuyen a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) 93 de las 179 personas asesinadas a manos de cuerpos de seguridad del Estado entre el 1° de enero y el 30 de octubre de 2020, según los registros de Monitor de Víctimas, lo que se traduce en 52% de las ejecuciones, señala la ONG Proiuris.

Entre enero y octubre de 2020, Proiuris documentó 94 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Caracas. Solo uno de estos casos fue investigado por la Fiscalía. Se trata de la Masacre de El Limón, registrada el pasado 11 de junio, en el barrio El Limón de la parroquia Sucre. Una de las víctimas fue identificada como Wilmer Yánez Caraballo, quien era escolta de Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios del régimen de Nicolás Maduro.

El año pasado, entre el 21 y el 25 de enero, 11 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), a través de las FAES. Todas las víctimas eran hombres jóvenes críticos con el régimen, y habían tenido una participación en las protestas contra el régimen. Las autoridades afirmaron que sus muertes habían resultado de enfrentamientos con agentes de policía y que las víctimas se habían “resistido a la autoridad”.

Estas ejecuciones parecían formar parte de un ataque sistemático contra la población civil, y podían constituir crímenes de lesa humanidad

Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) se refería a cifras oficiales que señalaban que entre enero y el 19 de mayo de ese año se habían registrado 1.569 homicidios por “resistencia a la autoridad”.

Detenciones arbitrarias

Uno de los detenidos fue Roberto Marrero, jefe de Gabinete del presidente de la Asamblea Nacional, quien permanecía bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide. También el diputado Gilber Caro fue detenido por funcionarios del Sebin y estuvo incomunicado durante casi dos meses antes de ser liberado. Caro había sido detenido arbitrariamente en varias ocasiones, el 11 de enero de 2017 en la autopista Regional del Centro por una comisión del Sebin; luego el 26 de abril de 2019 en un restaurante en Las Mercedes. 

Yeidi Caro, hermana del parlamentario, denunció que estuvo recluido debajo de unas escaleras en el comando de las FAES en Caricuao, y no podía ponerse de pie, que no le daban comida, agua ni recibía luz solar.

Asimismo, el diputado Edgar Zambrano, vicepresidente primero del Parlamento, fue detenido por agentes del Sebin.

Otro caso fue el del capitán retirado de la Marina Rafael Acosta Arévalo, detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), a sus familiares y abogados no se les notificó su paradero. Ocho días después de su desaparición fue llevado ante un tribunal militar con señales de tortura; murió horas después en un hospital militar. La Fiscalía afecta al régimen abrió una investigación y dos militares fueron declarados culpables de homicidio preterintencional; pero no se presentaron cargos de tortura.

Por su parte, en horas de la madrugada del pasado 23 de abril, una comisión de funcionarios de la Dgcim, llegó a la casa paterna del teniente Richard Alemán Castellanos, en Puerto Cabello, y se llevaron detenidos a varios familiares del teniente, entre ellos sus dos hermanas Yolimar y Andreína Alemán Castellanos, el esposo de una de ellas el capitán Ericsson Alexander Chaya Barrueta y su primo Manuel Castellanos.

El teniente, por su parte, habría pasado a territorio colombiano, pero la presión sobre su familia por parte de la DGCIM lo obligó a regresar; fue apresado, siendo recluido en la sede central de la DGCIM en Boleíta, Caracas. Su caso y el de sus familiares, incluso sus hermanas aún presas en DGCIM, ha permanecido en silencio.

El más reciente caso, es el del teniente coronel de la Aviación, Ruperto Molina, fue enviado a una celda de castigo en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Después de la primera audiencia de su juicio, el 20 de noviembre, lo sacaron de su celda, le quitaron su ropa, su comida y sus medicinas.

Del mismo modo, en mayo de 2020, el régimen condenó a siete ciudadanos por protestar por fallas en el servicio eléctrico en el Tocuyo, estado Lara, entre ellos Luis Pérez, quien padece de Trisonomia 21 (Síndrome de Down).

Foto: Luís Pérez – El Impulso

Aquí algunos casos emblemáticos de torturas: 

Asimismo, fue presentado ante la OEA, un video que muestra las torturas y tratos crueles e inhumanos a los que son sometidos los detenidos en Venezuela.

En este sentido, el teniente Ronald Dugarte, exfuncionario de la Dgcim expuso, ante la OEA, evidencia videográfica de torturas y malos tratos a presos políticos en Venezuela, y dio su testimonio del crítico estado en el que se encuentran varios de los reclusos.

También, el capitán Juan Caguaripano Scott fue privado de libertad el 11 de agosto de 2017 acusado de la toma del Fuerte Paramacay en Carabobo, traición a la patria, sustracción de armas, ataque, rebelión, entre otros. El militar fue encarcelado en la sede del Sebin en Plaza Venezuela, exactamente, en un lugar llamado “La Tumba”.

Según un informe, se conoció que por una descarga eléctrica suministrada durante su reclusión, el militar retirado presentó desprendimiento de ambos testículos.

De acuerdo con el informe de la OACNUDH, en la mayoría de los casos las personas detenidas eran sometidas a tortura, con prácticas como aplicación de descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento o violencia sexual.

El abuso y la violencia también lo sufren las mujeres presas políticas, quienes son más vulnerables a las torturas y violencia de género. De acuerdo con la Organización Acción Libertad para marzo de 2018 había 17 mujeres presas políticas en Venezuela, disidentes del régimen de Maduro.

Aquí un material, realizado por dicha Organización, sobre algunas de estas víctimas, y a propósito de la campaña #Libérenlas:

A mediados del 2014, sin que existiera ninguna orden de aprehensión en su contra, Araminta González, en ese entonces de 33 años, fue detenida por agentes de inteligencia mientras paseaba con su novio en un centro comercial de Caracas.

La aprehensión, calificada de “ilegal” por su abogado José Vicente Haro, fue seguida de una brutal paliza, tortura y amenazas de muerte que su defensor describió como “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

González, técnico en procesos químicos, fue apresada por participar en protestas del 2014 contra el régimen, y fue acusada de supuesta “fabricación de explosivos” y encerrada en una cárcel de mujeres en las afueras de Caracas.

Otro caso es el de Emirlendris Benítez, a quien el régimen imputó por el presunto magnicidio del dictador Nicolás Maduro. Las hermanas de la reclusa denunciaron que cuando fue detenida hace dos años estaba embarazada pero las torturas que recibió en la Dgcim le provocaron un aborto.

El más reciente informe de la ONG Foro Penal Venezolano señala que se registró un total de 356 presos políticos en Venezuela; de los cuales 330 son hombres y 26 mujeres. Entre ellos están 130 militares y 226 civiles.

https://twitter.com/ForoPenal/status/1336374492499742726?s=20

Según el conteo oficial de la Organización, Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, actualmente en Venezuela hay 384 presos políticos, de los cuales 217 son militares y 167 civiles.

https://twitter.com/Coalicion_ddhh/status/1336800346451173379?s=20

De igual forma, la ONG Todos por la Libertad, contabiliza desde el 2014, hasta el pasado mes de noviembre, 15.647 presos políticos, lo que se traduce en 2.608 presos por año.

Además de esto, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, informó que los reclusos reciben alimento una sola vez al día.

Violación a la libertad de expresión y al derecho de estar informado

Los ataques a la prensa se han visto de manera creciente este año. Varios portales de noticias, fueron bloqueados entre enero y noviembre. La organización local de DDHH Espacio Público registró 1.017 casos de violaciones del derecho a la libertad de expresión entre enero y noviembre de este año.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) registró 244 ataques contra la libertad de prensa entre enero y junio, ataques que incluían censura, hostigamiento, agresiones físicas contra trabajadores, detenciones arbitrarias y robo de equipos.

En octubre, había 193 personas detenidas por publicar opiniones o denuncias en las redes sociales o la prensa. 

El periodista Luis Carlos Díaz fue detenido arbitrariamente por el Sebin durante 30 horas. Fue trasladado a un centro de detención clandestino en el que permaneció ocho horas y después fue llevado a su casa para el allanamiento del inmueble. Al comunicador se le prohibió viajar, debía presentarse ante el tribunal local cada ocho días y no podía hacer declaraciones públicas.

Foto: El Impulso

Violación al derecho de libertad de asociación, reunión y manifestación 

Por otra parte, la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 16.739 manifestaciones durante el año, la mayoría relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, especialmente con la negociación colectiva, la alimentación, la salud, el agua y otros servicios públicos.

En estas protestas lo habitual era que grupos armados emplearan la violencia contra manifestantes.

También, al secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco, Rubén González, lo detuvieron el 29 de noviembre de 2018 en Anaco, estado Anzoátegui, cuando regresaba de una marcha en Caracas en defensa de los contratos colectivos y el cese de la persecución.

Foto: Rubén González – Infobae

Los derechos de los pueblos indígenas no se respetan 

El 23 de febrero, en la ciudad de Santa Elena, en la frontera entre Venezuela y Brasil, la GNB hizo uso excesivo de la fuerza contra indígenas que se dirigían a la frontera para recibir ayuda humanitaria. La OACNUDH confirmó que siete personas murieron y 26 resultaron heridas por disparos de fuerzas militares

La presencia de grupos irregulares armados y bandas delictivas organizadas causan violencia e inseguridad en territorios indígenas del sur del país.

El 5 de marzo del 2016, 17 mineros murieron en una masacre en una mina de oro, en Tumeremo, estado Bolívar. Familiares denunciaron su desaparición. 

La minería descontrolada causa violaciones de DDHH en el sur del país, las personas que trabajan en la región del Arco Minero del Orinoco están atrapadas en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, según un informe publicado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El informe de la Alta Comisionada describe cómo los grupos criminales, conocidos localmente como “sindicatos”, ejercen el control sobre una gran cantidad de operaciones mineras en el Arco Minero del Orinoco.

Varias personas entrevistadas para el informe sugieren que desde 2016 ha habido un fuerte aumento de la prostitución, la explotación sexual y el tráfico en las áreas mineras, incluso de adolescentes. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también recibió informes de que niños de tan solo nueve años trabajan en las minas.

También en Bolívar se vive otra realidad que representa una amenaza para los DDHH. Norkis Salazar, coordinadora de Género de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), explicó que han registrado al menos tres casos de trata de personas en el municipio Caroní del estado Bolívar. También mencionó el caso de una bebé que fue raptada del Hospital Uyapar. El responsable de este delito terminó detenido e imputado por trata de personas.

Por otra parte, en Bolívar se registraron por lo menos 11 mujeres desaparecidas en lo que va de año, según el monitoreo que Codehciu realiza a medios de comunicación.El país y el mundo deben centrarse en la reconstrucción de valores para garantizar el respeto por los DDHH de cualquier persona.

Comisión Presidencial para el Arco Minero y Ambiente 

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