Codehciu: Cifra de desaparecidos vinculados a la minería entre 2012 y 2020 ascendió, en un año, de 70 a 82 personas

Al menos 12 personas desaparecieron en el sur del estado Bolívar durante 2020, y solo cuatro personas reportadas como desaparecidas lograron comunicarse con sus familias e incluso volver a casa. Se desconoce el paradero del 75% de las víctimas de desaparición.

Estas personas se desplazan de sus lugares en búsqueda de ingresos que les permitan costear su alimentación, además el desempleo es otro factor que genera la migración.

La cifra de personas desaparecidas vinculadas a la minería entre 2012 y 2020 ascendió, en un año, de 70 a 82 personas de acuerdo con el monitoreo de un colectivo independiente de periodistas en alianza con la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) para el proyecto de investigación Indelebles.

Alex Rivero Figueroa, María Moceta y su pareja Ronald, Robin Burgos, Richard Navas, Liliana Castro y José Ron, Leoscar Arias, Luis Vásquez, Justo Rincón, y David Peña desaparecieron entre enero y agosto de este año, en ese contexto.

Lugar de las desapariciones 

Seis personas desaparecieron en el municipio Sifontes (Las Claritas, El Dorado, kilómetro 88), cinco personas desaparecieron en El Callao (Los Caballos y Nuevo Callao) y una persona que solía viajar al sur, desapareció en Angostura del Orinoco (Ciudad Bolívar).

50% de los desaparecidos en este territorio violento son mineros artesanales, la mayoría provenientes de distintos municipios del estado Bolívar, y algunos, provenientes de otros estados como Anzoátegui, Monagas, Carabobo y Distrito Capital.

La mayoría de los familiares contactados aseguran que no denunciaron ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) porque no confían en el proceso de búsqueda del organismo, porque no los incluyen en las investigaciones o por miedo a denunciar. 

Asimismo, cuatro comerciantes desaparecieron este año, entre ellos una pareja que salió de San Félix con dos cilindros de gas doméstico que pretendían vender en Las Maramas, un sector minero del municipio El Callao. 

Sin embargo, las investigaciones han determinado que no es necesario estar vinculado directamente con la minería para ser víctima del pranato minero, o de funcionarios policiales. El 19 de abril a las diez de la mañana, el hombre de la pareja llamó a su familia para comunicar que ya iba de regreso a casa, que lograron vender las bombonas. Pero pasaron los días y hasta ahora no hay rastro de su paradero.

Los “desaparecidos” no pueden comunicarse con sus familiares

María Moceta y su pareja estuvieron desaparecidos por más de seis meses en las minas del kilómetro 88 del municipio Sifontes. Cuando logró salir de las minas, a finales de noviembre, Moceta informó que no se había comunicado con su familia porque quienes tienen el control del yacimiento no le permitían utilizar el teléfono hasta que terminara el trabajo acordado, e infringir la ley de los sindicatos sale más que caro.

Las desapariciones forzadas son una violación grave a los derechos humanos, sin embrago, el Estado, aun teniendo  la obligación de prevenir, sancionar y reparar tanto a las víctimas como a sus familiares, parece no tener voluntad política para hacerlo.

También, el modelo económico extractivista aurífero impuesto por régimen de Nicolás Maduro, implica quedar en medio del enfrentamiento armado entre grupos irregulares que imponen su voluntad a base de torturas, desapariciones, asesinatos a mansalva y esclavitud forzada que mantienen en zozobra a los pueblos mineros, grupos guerrilleros extranjeros como el ELN y las FARC, y cuerpos de seguridad militares y civiles como las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el Cicpc y las Fuerzas Armadas Especiales (FAES), y son estos enfrentamientos los que han dejado un saldo de al menos 25 masacres entre 2016 y 2020, siendo los mineros y comerciantes informales son los principales afectados del conflicto.

De igual forma, de acuerdo con el monitoreo de Correo del Caroní, entre 2019 y el primer semestre de 2020 han muerto al menos 137 personas: 39 mineros, dos comerciantes, y demás miembros de grupos delictivos y funcionarios del Estado. 45% de las víctimas no pudieron ser identificadas por efectivos del Estado, por el avanzado estado de descomposición en el que se encontraban, por carecer de documentos de identidad o por tener múltiples heridas de bala en el rostro.

Fuente: Correo del Caroní

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