El extractivismo en el sur de Venezuela también es sinónimo de violencia contra la mujer

Los contextos de violencia contra la mujer siguen siendo femicidios, violencia sexual, trata y explotación , entre otras formas

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

A pesar de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) consiguió, en 1979, la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la violencia contra ellas continuaba siendo un grave problema en todo el mundo. En tal sentido, la ONU también emitió, en 1993, una resolución que incluye la “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer“, lo que se supone sentaría las bases para un futuro libre de violencia de género.

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada».

Las estimaciones mundiales publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que alrededor de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.

Las mujeres del mundo siguen siendo víctimas de todo tipo de violencia. En Venezuela, existen situaciones específicas, que ocurren en el sur del país, donde mujeres, niñas y adolescentes son explotadas y abusadas.

Aunado a esto, las situaciones de conflicto y desplazamiento, en las que se ven envueltas las mujeres, pueden agravar la violencia existente, y originar nuevas formas de violencia contra la mujer.

La actividad minería se caracteriza en parte por el machismo y la dominación, aquí las mujeres, adolescentes y niñas son utilizadas como cocineras, prostitutas o parejas de los mineros. Muchas de estas víctimas pertenecen a los pueblos originarios, pero en el caso de las mujeres indígenas resulta aún más compleja la situación de violencia ante la poca posibilidad de acceso a la justicia y las herramientas para la denuncia.

La minería que es controlada por grupos armados al sur del Río Orinoco, en los estados Bolívar y Amazonas, ha producido constantes enfrentamientos entre bandas armadas, lo que genera desplazamiento de comunidades originarias, violando los derechos humanos, además, de mujeres y niñas indígenas.

Como lo explicamos en una entrega reciente, según la Organización de Mujeres Amazónicas Wanaaleru, en el informe Mujeres al Límite 2019, la violencia hacia las mujeres por motivos asociados a la actividad minera se centra en la construcción de poblados donde se instalan bares, casas de prostitución y ventas de comida controladas y administradas por los mismos trabajadores de la minería, quienes terminan haciendo negocios con fines de explotación sexual que derivan a su vez en altos índices de feminicidios y violencia territorial. 

La mayoría de las mujeres compradas son niñas y adolescentes quienes son violadas, maltratadas y obligadas a involucrarse en actividades criminales por militares, mineros o grupos armados. Al mismo tiempo, las niñas y adolescentes que se encuentran obligadas en la vitrina de escogencia para intercambios sexuales o compra de esclavas son cambiadas por gramos de oro (entre 5 y 10).

Feminicidios en Bolívar 

De acuerdo con la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) Caroní es el municipio del estado Bolívar con más casos de violencia basada en género, con 28. Le siguen: Angostura del Orinoco, con 6; El Callao, con 3; por último Piar, Roscio y Cedeño con 1 registro cada uno.

Juntos suman un total de 40 registros en el estado Bolívar, entre enero y marzo. Cifras que dibujan un panorama de alerta: son 5 casos más que en el primer trimestre del año 2019.

Un caso que ocurrió en El Callao fue el de Yuzmary Mundarain, de 28 años de edad, sus familiares reportaron su desaparición el año pasado, la última vez que supieron de ella fue en noviembre de 2019, cuando se comunicó con su madre. La joven residía en Cumaná, estado Sucre, y desde julio del año pasado se trasladó al sur de Bolívar para trabajar la economía informal.

Y es que la migración interna, prácticamente forzada, producto de la crisis del país y la situación al sur del Estado venezolano, obliga a las personas a migrar desde otras regiones hacia las minas, acción que coloca a las mujeres indígenas y a las poblaciones locales en el foco de la vulnerabilidad del área.

Las niñas y adolescentes que deben movilizarse hacia las zonas mineras se ven expuestas a una situación marcada por el machismo y el sometimiento de otros, usando la violencia y el miedo.

Por otra parte, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la sociedad tiene una deuda en materia de violencia de género, en tal sentido, la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 y 6 son importantes para lograr eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, en especial la trata y la explotación sexual. Así como reducir las formas  violencia en todo el mundo.

Asimismo, la ONG Utopix señala que en Venezuela cada 33 horas una mujer es víctima de femicidio. Durante el mes de octubre ocurrieron en Venezuela 22 femicidios; para alcanzar un total este año de 217 casos, a una media de 5 femicidios semanales, ya que aproximadamente cada 33 horas ocurre un femicidio.

Trata de mujeres y niñas, otra forma de violencia

Según reseña la ONG Transparencia Venezuela , la trata de personas con fines de explotación sexual afecta a 4,8 millones de personas globalmente, 72% de las víctimas son de sexo femenino, discriminándose esta cifra en 49% mujeres y 23% niñas.

Los conflictos armados y las emergencias humanitarias aumentan las condiciones de vulnerabilidad de las personas a ser víctimas de trata de personas. Es decir, Venezuela tiene altas probabilidades para ello. 

La violencia contra las mujeres representa una grave violación de derechos humanos, y un problema de salud pública que afecta a todos los niveles de la sociedad en todo el mundo. Si bien es cierto que este flagelo no se erradicará de un día a otro, sí se pueden minimizar los casos de violencia contra ellas, creando conciencia y dándoles el trato que se merecen, en una sociedad de iguales, donde la mujer cada día sigue luchando por defender y hacer valer sus derechos.

Comisión Presidencial para el Arco Minero y Ambiente

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *