Embates por “oro de sangre” siguen afectando a grupos vulnerables del estado Bolívar

Aunque las vidas de las comunidades más vulnerables corren peligro, al denunciar y protestar desapariciones y asesinatos, ellos deciden no quedarse callados

Los habitantes del estado Bolívar son víctimas constantes del asedio de grupos armados, quienes han sido responsables de desapariciones y masacres en la entidad por la apropiación del “oro de sangre”.

Operaciones

En octubre de 2003, se creó el Plan Piar, como un supuesto programa social con la finalidad de incorporar a los pequeños mineros y las pequeñas mineras, como parte del desarrollo de la nación, así como promover la participación de este sector para incrementar su conciencia social, política y cívica.

En octubre de 2018, 15 años después, una comisión de la Defensoría del Pueblo visitó las comunidades Kamarata y Urimán del Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, en el marco de la Operación Tepuy Protector que buscaba “garantizar” la “protección y vigilancia” de las comunidades indígenas de la zona y su hábitat.

Pero esta “Operación” el 8 de diciembre de 2018, efectuó un ataque ejecutado por la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que dejó un fallecido y dos heridos. Todos pemones.

Respecto a lo ocurrido, el ministro de la Defensa, del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, informó, el 11 de diciembre, que “el Estado no tiene la intención de tapar nada de lo ocurrido el pasado sábado 8 en el estado Bolívar, en donde murió Charlie Peñaloza, miembro de la etnia pemón, y que provocó que los indígenas tomaran los centros electorales del municipio Gran Sabana en protesta por el deceso.

Foto: Jhoalys Siverio

En tal sentido, Padrino López dio una versión de los y señaló que se llevó a cabo una operación en el sector Arenales dentro del Parque Nacional Canaima, en donde en el marco de la “Operación Tepuy Protector”, se registró un “enfrentamiento” que les permitió dar un “golpe” contra la minería ilegal, que produce daños en el medio ambiente, al poder destruir “varias balsas mineras”.

Tras los hechos, las autoridades indígenas emitieron un comunicado el 10 de diciembre en rechazo a la acción de grupos armados y paramilitares en donde declararon 7 días de luto en el mencionado municipio por la muerte del joven pemón.

Por otra parte, el 15 de octubre de 2019, se anunció que serían otorgadas minas a las gobernaciones de todo el país.

Asimismo, el 29 de octubre de 2019, mineros cerraron la troncal 10, vía Brasil, debido a que el día anterior hubo un intento de desalojo de los predios de Minerven, para otorgárselos a una empresa extranjera.

Desapariciones

Desde el 6 de octubre de 2019 familiares desconocen el paradero de Diego Salazar y Emmanuel García. Ambos eran comerciantes, vivían juntos en el sector La Churuata y eran socios de un negocio de compra y venta de oro ubicado en el Centro Comercial Mamy, en Alta Vista, Puerto Ordaz.

Salazar y García | Foto: Correo del Caroní

Una semana después de sus desapariciones, en la vía hacia Upata encontraron quemado el vehículo que conducían. Las denuncias interpuestas ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y al Comando Nacional Antisecuestro (Conas) no han arrojado resultados.

La ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) a través de su monitoreo de medios, contabilizó al menos 51 desaparecidos vinculados a la minería o al comercio con oro, entre el 2012 y 2019. Solo 10 de ellos aparecieron.

Masacres

El 14 de octubre de 2018 ocurrió la masacre de Los Candados, en la misma zona minera de Tumeremo donde en marzo de 2016 se hallaron 17 cuerpos de personas asesinadas.

Foto: @AmericoDeGrazia

El comisionado presidencial para el Arco Minero del Orinoco, diputado Américo De Grazia, informó que: “etnias indígenas del sector 3 del municipio Sifontes reportan el traslado de refuerzos de más de 30 hombres fuertemente armados de las minas de Waitó hacia Bochinche para hacerle frente a La guerrilla colombiana del ELN apostada en esa zona limítrofe”.

El 16 de octubre de 2018 el Ejército de Liberación Nacional (ELN) perpetró la masacre de Corre Gente.

“Según familiares de las víctimas, ellos eran motorizados que trabajaban ingresando mineros y mercancía hacia la mina Corre Gente. Además recalcaron que no fue un enfrentamiento, sino una emboscada de la guerrilla hacia la población minera”.

Por su parte, el gobernador del régimen usurpador del estado Bolívar, Justo Noguera, y el jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana (REDI), Jesús Mantilla, en rueda de prensa, aseguraron que “el ELN no tuvo que ver en esta masacre y que la célula guerrillera ni siquiera está en Venezuela”.

91 personas han sido asesinadas por cuerpos de seguridad del Estado en Caroní entre enero y agosto

La mayoría de las víctimas murieron en operativos de las FAES y el Cicpc de acuerdo con el monitoreo de medios de Codehciu.

176 personas han sido ejecutadas por los cuerpos de seguridad oficiales en Bolívar entre enero y agosto de 2020 en cinco municipios de la entidad: Caroní, Sifontes, El Callao, Angostura del Orinoco y Piar.

En el municipio Sifontes, una de las zonas mineras más violentas del estado Bolívar y que se posicionó como el epicentro de las desapariciones forzadas vinculadas con el conflicto en el Arco Minero del Orinoco, hubo al menos 20 asesinatos en presuntos enfrentamientos y operativos de efectivos de seguridad. Este municipio acumula 43 % de las desapariciones en las zonas mineras, correspondiente a mineros o comerciantes.

En Angostura del Orinoco, hubo 38 presuntos ajusticiamientos.

Comisión Presidencial para el Arco Minero del Orinoco y Ambiente

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