Indígenas resisten al despojo de sus tierras y derechos

54% de los habitantes del estado Amazonas son indígenas, el porcentaje más alto de todos los estados de Venezuela

El 12 de octubre es el denominado “Día de la Resistencia Indígena“, una población perseguida y extremadamente vulnerable, que actualmente se encuentra en condiciones precarias y de aislamiento involuntario.

En tal sentido, Virgilio Ferrer, de la etnia wayuu, y diputado indígena, por la región Centro Occidental, señaló que “hoy no tenemos nada que celebrar. Ahora sí estamos en la verdadera resistencia, resistiendo a la hambruna, al abandono, a las violaciones de derechos humanos de los indígenas y al genocidio. Este Día nos sirve a nosotros para levantar nuestra voz, no para celebrar nada”.

Respecto a los indígenas que habitan en zonas donde se practica la minería, señaló que se han denunciado “desapariciones forzosas por la violencia”, y destacó que la mayoría de los desplazados están en Boa Vista, Roraima.

Foto: Cortesía

Cambio de costumbres y estilo de vida

Según el estudio de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raigs), en Brasil y Venezuela se estima que 5000 mineros operan ilegalmente en tierras indígenas Yanomami. Entre 1987 y 1989 los Yanomami llegaron a contar 2003 balsas con dragas trabajando cerca de la comunidad de Waikas, y en 1991 estas fueron cerradas. Sin embargo, en el 2010 los ilegales regresaron y para finales de 2013 las balsas ya eran 42. En el 2016, un sobrevuelo identificó 49.

Hasta el 2018, se contabilizaron 198 comunidades indígenas en el estado de Bolívar. Y su gente, sobre todo pequeños agricultores, se han visto empujados a dejar su estilo de vida tradicional para entrar al Arco Minero del Orinoco, impulsados, en gran medida, por el índice de inflación y el rápido aumento del coste de la vida local que llegó con el éxito de la minería. Los hombres trabajan en las explotaciones de oro, coltán y diamante, pero las mujeres indígenas también trabajan en las minas y a su alrededor preparando y vendiendo comida, limpiando alojamientos u ofreciendo servicios sexuales.

Foto: Cortesía

¿Quién garantiza sus derechos?

El artículo 121 de la Constitución de la República de Venezuela, expresa que el Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida.

Sin embargo, las comunidades indígenas dentro del Arco Minero del Orinoco no han tenido ni voz ni voto en el desarrollo de la minería en su región. No se les ha consultado ni dado el derecho al consentimiento libre, e informado para los proyectos de minería que afectan a sus territorios, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, un acuerdo del que Venezuela forma parte.

En el borde suroeste del Arco Minero del Orinoco, cerca de la frontera entre los estados de Bolívar y Amazonas, se encuentra Ikabarú. Las zonas indígenas habitadas alrededor del pueblo están llenas de minas de oro ilegales. En septiembre de 2017, Lisa Henrito, responsable de seguridad indígena allí, observaba cómo eran invadidas las tierras indígenas por buscadores de oro ilegales armados. Se vio obligada a activar la red de defensa indígena local para desplazar por la fuerza a 170 mineros.

Según destaca una publicación de Mongabay Latam, una fuente indígena del área de Parguaza, en la frontera de Bolívar con Amazonas, que pidió pertenecer en anonimato por seguridad, dijo que en septiembre del 2018 el coltán se vendía por 80.000-100.000 bolívares el kilo a las guerrillas. Los mediadores indígenas funcionan como contacto para las guerrillas colombianas, a las que llaman “los compradores”.

Algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como Laboratorio de Paz y Provea, han recopilado testimonios de indígenas que habitan en el estado Bolívar y que denuncian esclavismo, trabajo infantil y prostitución por parte de mineros ilegales, así como la presencia de grupos ilegales armados.

A la violencia de grupos armados no es a lo único que se exponen los indígenas, también, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que existe un porcentaje significativo de probabilidad que los bebés y futuras generaciones de indígenas nazcan con desórdenes neurológicos por la contaminación mercurial.

Foto: Vatican News

Comunidades indígenas que hacen vida en el Arco Minero del Orinoco

Se extiende desde el río Apure –territorio pumé– pasando por Palital, donde hay asentamientos kari’ña frente a Ciudad Guayana, hasta el límite con el estado Delta Amacuro en la zona conocida como Barrancas –habitada por waraos– en su margen izquierda.

Mientras que en la margen derecha se extiende hacia el río Cuyuní –área arawakpemón y kari’ña–; a la zona de influencia del Parque Nacional Canaima –territorio pemón–; al río Paragua habitado en sus márgenes por los pueblos pemónsapé y tierra de los últimos uruak y arutani– y luego se amplía hacia el río Aro habitado por kari’ñas. Desde el Aro avanza hacia la cuenca del Caura –área ye’kwana y sanemá– la cual atraviesa y sigue hacia el Monumento Natural Sierra de Maigualida –territorio hotï– hacia el Cuchivero –habitado por eñe’pa-panare– y va hacia el río Parguaza –área wánai-mapoyo y piaroa– de donde regresa al punto original y en cuyo lugar también hay ocupación estacional por parte de los hiwi.

Foto: Jorge Benezra

Denuncias

El 6 de noviembre de 2018 comunidades indígenas pemón tomaron la casa presidencial ubicada en la Gran Sabana (estado Bolívar). El objetivo de la protesta fue denunciar acosos y amenazas por parte de organismos de inteligencia del Estado (SEBIN, DGCIM y CICPC), los cuales, en el marco de la operaciónManos de Metal” (iniciada en junio de 2017), habían ingresado en territorio indígena.

El 8 de diciembre de 2018 miembros de la comunidad pemón denunciaron una operación militar de la DGCIM en Campo Carrao, en las cercanías de Körepakupai Wena Vena, también conocido como Salto Ángel (ubicado en el Parque Nacional Canaima). La operación arrojó un saldo de un indígena asesinado, Charlie Peñaloza Rivas, y otros dos heridos. En días posteriores se pronunció el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón en repudio a las acciones letales y violentas de los cuerpos de seguridad del Estado.

El 22 y 23 de febrero de 2019, miembros de la GNB arremetieron contra pobladores de Santa Elena de Uairén (municipio Gran Sabana, estado Bolívar) usando armas de fuego, en el contexto de una actividad de protesta pacífica relacionada con la entrada de ayuda humanitaria por la frontera con Brasil en ese territorio. Los acontecimientos arrojaron el fatídico saldo de 7 personas asesinadas (Zoraida Rodríguez, José Pérez, Kleyber Pérez, Rolando García, José Hernández, José Barrios y Jorge González, siendo los primeros cuatro indígenas pemón), y de más de veinte personas heridas por balas. En los días siguientes, miembros de las comunidades denunciaron detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos ilegales, persecuciones, amenazas y hostigamiento contra habitantes de la zona, especialmente en las comunidades pemón de Kumarakapay y Maurak.

Foto: Raisg

El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos (DDHH) en Venezuela señala que entre los meses de marzo y mayo de 2019, más de 900 miembros del pueblo pemón huyeron a Brasil por la situación de represión, persecución y hostigamiento, ejercida en su contra por los cuerpos de seguridad del Estado.

Asimismo, en febrero de 2020, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, señaló que “los venezolanos de bajos recursos que se ven en la necesidad de trabajar en las minas de oro, debido a la crisis económica y la emergencia humanitaria en el país, se han convertido en víctimas de delitos ‘macabros` cometidos por grupos armados que controlan minas ilegales en el sur de Venezuela”.

Expresó que “es crucial que las refinerías y quienes compran oro se aseguren de que el oro venezolano que forma parte de sus cadenas de suministro no esté manchado con la sangre de víctimas venezolanas”.

Comisión Presidencial para el Arco Minero y Ambiente

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *