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La CIDH pide investigar la muerte del pemón Salvador Franco en el Rodeo II

La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció este martes, 5 de enero, respecto al caso de la muerte del pemón salvador Franco, quien se encontraba recluido en El Rodeo II.

En tal sentido, la organización insta a iniciar una investigación por estos hechos, con un enfoque interseccional por motivo de pertenencia al pueblo Pemón.

El organismo internacional recordó que Franco tenía una orden de un tribunal para ser traslado a un centro asistencial y no se cumplió.

El pasado 23 de diciembre los familiares de Franco anunciaron a la opinión pública que el preso político acusado de rebelión presentaba un cuadro de desnutrición severa.

Debido a su delicado estado de salud, familiares indicaron que temían por la vida de Franco, ya que su estado de salud iba en plan de deterioro y no presentaba ningún tipo de mejoría.

El pemón y preso político falleció este domingo 3 de enero a causa de las dolencias que no le fueron atendidas durante su reclusión.

Franco era uno de los 13 pemones detenidos a finales de 2019 por el supuesto delito de asalto a dos instalaciones militares en el estado Bolívar. Posteriormente a los indígenas los acusaron de “terrorismo”, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo, y fueron enviados a juicio.

Por su parte, la ONG Foro Penal, señaló que han fallecido al menos 8 presos políticos, cifras indeterminadas al no haber un registro oficial, más allá de los contabilizados en los medios de comunicación.

Comisión Presidencial para el Arco Minero y Ambiente

Este 5 de enero se instaló el período de continuidad constitucional 2021-2022 de la Asamblea Nacional

El mensaje del Presidente interino, Juan Guaidó, fue claro y directo. “Desde mi condición de Presidente interino y Presidente de la Asamblea Nacional, convoco por esta vía a todo a construir la línea de defensa de la República y la democracia en este país”.

Así Guaidó, llamó una vez más a la unidad de los venezolanos, líderes políticos, gremialistas y sociedad civil en pleno para lograr la transición democrática en Venezuela.

La convocatoria la hizo este martes durante la instalación del período de continuidad constitucional 2021-2022, realizado de manera presencial y bajo la modalidad online.

En su intervención, destacó que el legítimo Parlamento nacional electo por 14 millones de venezolanos en 2015 “se mantiene de pie y firme” en la defensa de los venezolanos hasta lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables para poner fin a la crisis en el país.

La convocatoria de la unión de todos los factores para lograr la transición democrática en Venezuela la hizo a Henrique Capriles, María Corina Machado, Henry Ramos, Leopoldo López, Omar Barboza, Manuel Rosales, Julio Borges, Delsa Solorzano, Andrés Velásquez, Antonio Ledezma, gremios, sindicatos, universidades, asociaciones civiles, al país en pleno a través de todas sus fuerzas políticas y sociales.

Asimismo, Guaidó hizo un llamado a la Comunidad Internacional, durante, les pidió apoyar la lucha por elecciones presidenciales libres, justas y verificables. “El llamado a la Comunidad Internacional es a respaldar el mecanismo de solución al conflicto que pasa por la celebración de elecciones libres”, dijo.

De igual manera, alertó a los venezolanos y al mundo sobre la pretensión del régimen de “renovar la Constituyente” a través del fraude del 6 de diciembre de 2020 y el cual terminarán de consumar este 5 de enero con la usurpación del Parlamento nacional.

“Los que pretenden renovar la Constituyente lo que van es a la renovación de la desfachatez. Ese evento no es reconocido por nadie. Van a hablar de diálogo, entre comillas; van a hablar de reconciliación, entre comillas; palabras vacías cuando hay más de 300 presos políticos en Venezuela”, sostuvo.

También agradeció una vez más la “valentía” de los diputados que a pesar de las amenazas, intimidación, secuestro y persecución de la dictadura, se mantienen de pie por los venezolanos y por lograr la libertad.

En este día, el Comisionado Presidencial para el Arco Minero y Ambiente, diputado Américo De Grazia, ratificó su apoyo a la ratificación del Presidente y la directiva de la AN.

La comunidad internacional reiteró su apoyo a Guaidó

Este miércoles la vicepresidenta del Parlamento Europea, Dita Charanzová, aseguró que “hasta que se celebren elecciones democráticas”, seguiran reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

El Grupo de Lima emitió este martes un pronunciamiento en el que reitera su apoyo a la Comisión Delegada designada por la Asamblea Nacional presidida por Guaidó y en el que desconoce la plenaria instalada este 5 de enero en el Palacio Federal Legislativo.

“No reconocemos la legitimidad ni la legalidad de la Asamblea Nacional instalada el 5 de enero de 2021. Esta Asamblea Nacional ilegítima es producto de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre de 2020, organizadas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro”, reza la declaración.

El gobierno chileno expresó su rechazo al Parlamento de mayoría chavista que se instaló este martes, al considerar que “carece de legitimidad”, y reiteró su respaldo Guaidó. “La dictadura de Nicolás Maduro ha instalado una Asamblea que carece de toda legitimidad, ya que tuvo su origen en una elección fraudulenta”, dijo el canciller chileno, Andrés Allamand, en referencia a los comicios legislativos del pasado 6 de diciembre en Venezuela.

El Gobierno alemán declaró su rechazo a la nueva Asamblea Nacional instalada este martes y lo consideró producto de unas elecciones que la mayoría de países no reconoció.

En tal sentido, Maria Adebahr, portavoz de Exteriores, señaló que Alemania apoya la declaración emitida por la Unión Europea y destacó que Berlín no ha cambiado de postura hacia Venezuela.

Comisión Presidencial para el Arco Minero y Ambiente

Canadá dejó de comprar oro a una empresa de Guyana por estar vinculada al régimen

La empresa canadiense, Royal Canadian Mint Company, que acuña las monedas de curso legal y de colección de Canadá, suspendió su compra de oro producido por una empresa guyanensa tras ser vinculada a la minería ilegal en Venezuela, controlada por las mafias existentes en el sur del país y de la que se vale el régimen de Nicolás Maduro para obtener divisas.

La empresa es El Dorado Trading. La entidad canadiense informó la decisión luego de que la London Bullion Mark Association (LBMA), el mercado mayorista de lingotes de Londres, le informara que había recibido una queja al respecto.

El Dorado negó la acusación, indicando en un comunicado que sus operaciones “cumplen con los estándares más altos en el que es uno de los sectores más regulados de Guyana”. También informó que “aún sin estar al tanto del intercambio entre ambas entidades, había estado en contacto con una auditora de renombre internacional -aprobada por la LBMA- para efectuar una auditoría de su cadena de suministro y cumplimiento de obligaciones legales”.

Sin embrago, la defensa de la minera, la entidad canadiense aún no ha informado de cambios en su postura de suspender la operatoria “hasta nuevo aviso”. La venta de oro ilegal representa una de las únicas fuentes de ingresos del régimen. El mineral es extraído a través de trabajo esclavizante en el sur del país, especialmente el Arco Minero del Orinoco, trascendiendo a los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas, áreas donde además abunda el tráfico de personas, la explotación sexual y la extorsión.

Además de las masacres ocurridas relacionadas al comercio ilícito de minerales, como la del 22 de febrero de 2019, cuando la población indígena Pemón: San Francisco de Yuruani, fue objeto de una masacre, que acabó con la vida de 3 pemones y 12 resultaron heridos, todos por disparos efectuados por uniformados del régimen.

Nueve meses después, el 22 de noviembre, ocurrió otra masacre en el país. En esta ocasión, en la comunidad indígena Pemón del poblado de Ikabarú, al límite de la frontera con Brasil, donde sujetos vestidos de negro dispararon  y dejaron a 8 personas fallecidas.

Asimismo, en el informe de la Comisión de Determinación de los hechos, efectuado por Michelle Bachelet, se pide la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), y llama a que se investiguen las ejecuciones extrajudiciales en operativos de seguridad.

Añadió Bachelet que los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, así como el uso de la fuerza excesiva y letal deben investigarse a fondo, “con la responsabilidad de los autores y las garantías de no repetición”.

La práctica es controlada por mafias locales con la aquiescencia del régimen. Y, según informes, por cada cargamento que el Ministerio de Minas del régimen entrega al Banco Central de Venezuela, sale del país por contrabando hasta tres y cuatro veces la carga.

Uno de los últimos informes, elaborados por la organización Kapé Kapé, reveló que el incremento desmedido del contrabando en el Arco Minero se debe a la conformación progresiva de prácticas delincuenciales, con participación de distintos que manejan cuantiosas cantidades de oro, coltán, diamantes y otros minerales de modo ilegal, lo cual “solo ha sido posible a partir de la complicidad que el Estado ha tenido con distintos grupos, dentro de los cuales se encuentran: sindicatos, disidentes de las Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia (FARC), del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Fuerzas Armadas del país y altos funcionarios del gobierno”.

Aspecto que además ha denunciado el Comisionado Presidencial para el Arco Minero del Orinoco, diputado Américo De Grazia, en reiteradas oportunidades.

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha solicitado a la comunidad internacional que catalogue al producto como “oro de sangre” y que, aún si no se logra identificar el paradero de las toneladas que no terminan en manos del régimen, eviten que la cantidad que sí lo hace sea comercializada.

El régimen continúa comercializando oro con otras naciones. Así lo confirmó Yahya Safavi, mayor general de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, quien además dio detalles de los movimientos entre ambos países para concretar las transacciones.

“Le dimos gasolina a Venezuela y recibimos lingotes de oro que trajimos en aviones a Irán para evitar cualquier incidente durante el tránsito”, dijo el asesor del comando general de la milicia iraní durante una ceremonia denominada “Continuación de la Sagrada Defensa en el Frente de Resistencia”.

Para Irán, los buques representan una forma de recolectar dinero para su régimen y de contrarrestar la presión de Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump ha llevado a cabo campañas contra ambos países.

Comisión Presidencial para el Arco Minero y Ambiente

Comunicado ARETAUKA “Nosotros los indígenas de La Gran Sabana no somos terroristas”

La comunidad indígena Aretauka emitió un comunicado para denunciar los graves hechos de violación de derechos humanos contra las comunidades indígenas de La Gran Sabana, estado Bolívar, por parte de los cuerpos de seguridad del régimen. Asimismo, aseguran que los indígenas “no somos terroristas”.

A continuación el texto:

Ante todas las organizaciones internacionales y ante el mundo entero, nosotros los indígenas de La Gran Sabana; que actualmente estamos privados de libertad por un régimen que nos acusa de terroristas y conspiración política, queremos hacer del conocimiento a todos los medios de comunicación posibles, nacionales e internacionales, nuestra posición ante tales acusaciones, y así dejar constancia lo siguiente; en nuestra zona Gran Sabana desde muy temprana edad siempre hemos sido instruidos por nuestros padres y abuelos a cuidar y proteger  nuestro medio ambiente, igualmente hemos adquirido el conocimiento y la puesto en práctica de nuestras costumbres ancestrales, cultura, leyes, religión… Y así mismo se lo hacemos saber  a nuestros hijos para mantener intactos en el tiempo y por generaciones, como siempre ha sucedido, como comunidad indígena Pemón.

Tenemos nuestras leyes y por ellas nos regimos de igual manera respetamos el resto de las leyes existentes de nuestro país Venezuela y somos muy respetuosos al valor de los derechos humanos. También tenemos nuestros propios mecanismos de seguridad territorial, igualmente somos respetuosos y colaboradores con el resto de seguridad del Estado, tanto militar como policial. Por muchas generaciones nos hemos mantenido económicamente mediante la práctica de la agricultura, el turismo, artesanía, carpintería y la minería artesanal. Y por ello nos consideremos una comunidad indígena autosustentable sin ningún tipo de inclinación política ni partidista, no nos mantenemos indiferentes a los acontecimientos nacionales y así vemos como en los últimos años se han venido violando esas leyes, convenios y tratados nacionales e internacionales en el país, igualmente vemos como se han venido violando los derechos humanos por los cuerpos de seguridad del Estado, lo cual es algo que nunca pensamos que podía llegar a tener algún tipo de repercusión en nuestra comunidad indígena.

Pero llegó el día en que la tuvo y la sigue teniendo; de esta manera han sucedido diferentes acontecimientos que no nos dejan exentos de la crisis que ha venido afectando al país en los últimos años , y entonces vemos que varias  de nuestras comunidades han sido atacados por los cuerpos de seguridad del Estado, violando todo tipo de derechos humanos, hasta el punto de asesinar a nuestros hermanos indígenas, como de hecho paso en las comunidades  indígenas Canaima, Ikabarú y en nuestra propia comunidad de Kumarakapay, donde en ese caso nosotros mismos fuimos testigos de cómo funcionarios militares uniformados procedentes del batallón de infantería “Luepa” hicieron armas contra nuestra comunidad sin importar la presencia de los niños, mujeres y ancianos.

Como resultado de sus acciones armadas murieron tres hermanos de nuestra comunidad y 11 más resultaron heridos por disparos de fusil que aparte de provocar la pérdida irreparable de vidas también produjo un trauma psicológico en nuestros hijos y un Estado de terror e intimidación en nuestra comunidad, creando incertidumbre de lo que nuevamente pueda suceder mañana. Ahora nosotros los indígenas creyentes de la aplicación de las leyes del Estado, que castiguen a los culpables de estos casos de asesinato y violación de los derechos humanos, nos damos cuenta que los mismos no se aplican; por estos casos no hubo ni detenidos, ni culpables y ahora con lo ocurrido en el batallón de Luepa en el mes de diciembre del año pasado 2019, nosotros un grupo de indígenas fuimos detenidos ilegalmente y sin ninguna prueba contundente por los cuerpos de seguridad del Estado señalándonos como culpables  de lo acontecido en el referido batallón, acusándonos de terroristas y conspiradores políticos , conjuntamente con los 8 ciudadanos habitantes de la población Santa Elena de Uairén a quienes no conocemos, pero igual nos acusan con ellos de asociación para delinquir , nos mantienen privados de libertad en un recinto penitenciario, donde somos tratados como delincuentes, y nos vemos obligados a tratar de llevar una convivencia que nos es propia de nuestras costumbres indígenas, de esta manera queremos hacer saber mediante todos los medios de comunicación posible, que nosotros los indígenas no somos terroristas, ni conspiradores políticos y tampoco nos asociamos dentro, ni fuera de nuestra comunidad para realizar acciones que no sean de nuestro interés y en beneficios de nuestra comunidad , nos consideramos un pueblo indígena auto determinado por nuestras costumbres y tradiciones ancestrales. Igualmente queremos hacer llegar  este escrito a nuestros hermanos indígenas de las diferentes comunidades de La Gran Sabana, para que estén en cuenta de nuestra posición ante estos hechos de los cuales nos acusan, y para recordarles que nosotros como pueblo indígena nunca hemos sido injerencistas en las políticas de estado de los gobiernos de turno de nuestro país, , pero tampoco podemos, ni debemos permitir que este régimen de Estado sea injerencista en nuestros asuntos, porque entonces de esa manera nuestra autodeterminación de pueblo indígena marcada por nuestras leyes, costumbres y tradiciones ancestrales se acaba , para luego quedar nuestras comunidades indígenas determinadas por la injerencia de un régimen que actualmente viola nuestras leyes , valores, principios y derechos humanos y solo seremos los únicos culpables por permitir tales injerencias y humillaciones por no tener el valor debido como lo hicieron nuestros ancestros en la defensa de nuestra tierra y nuestra cultura, ese es el legado que siempre debemos mantener y permanecer en el transcurso de los años, como comunidades indígenas de nuestra etnia pemón.

Ya hemos sido víctima de homicidios por parte de este régimen y fueron hechos que quedaron impunes y ahora nosotros resultamos privados de libertad porque el mismo régimen nos considera terroristas, cosa que nos hace pensar y queremos que ustedes nuestros hermanos indígenas reflexionen al respecto de lo que significa que nos acusen de terroristas y nos referimos al simple hecho de tal acusación hacia nosotros, es un insulto  a la memoria de nuestros padres, abuelos y nuestros antepasados , porque como es bien sabido por nosotros, nuestros conocimientos de agricultura, artesanía, minería y todo lo que respecta a nuestra cultura son conocimientos herederos de generación en generación , en ese sentido nos preguntamos: ¿Acaso esas prácticas de terrorismo de las cuales nos acusan, también las heredamos de nuestros antepasados? Sabemos que no es así, pero de una u otra forma se nos debe encender el alma a nosotros los indígenas cuando este régimen insulta la memoria de nuestros antepasados con semejantes acusaciones contra nosotros. Entonces hermanos indígenas mantengamonos firmes en proteger nuestros valores, principios, cultura y tradiciones ancestrales.

Comisión Presidencial para el Arco Minero y Ambiente

Codehciu: Cifra de desaparecidos vinculados a la minería entre 2012 y 2020 ascendió, en un año, de 70 a 82 personas

Al menos 12 personas desaparecieron en el sur del estado Bolívar durante 2020, y solo cuatro personas reportadas como desaparecidas lograron comunicarse con sus familias e incluso volver a casa. Se desconoce el paradero del 75% de las víctimas de desaparición.

Estas personas se desplazan de sus lugares en búsqueda de ingresos que les permitan costear su alimentación, además el desempleo es otro factor que genera la migración.

La cifra de personas desaparecidas vinculadas a la minería entre 2012 y 2020 ascendió, en un año, de 70 a 82 personas de acuerdo con el monitoreo de un colectivo independiente de periodistas en alianza con la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) para el proyecto de investigación Indelebles.

Alex Rivero Figueroa, María Moceta y su pareja Ronald, Robin Burgos, Richard Navas, Liliana Castro y José Ron, Leoscar Arias, Luis Vásquez, Justo Rincón, y David Peña desaparecieron entre enero y agosto de este año, en ese contexto.

Lugar de las desapariciones 

Seis personas desaparecieron en el municipio Sifontes (Las Claritas, El Dorado, kilómetro 88), cinco personas desaparecieron en El Callao (Los Caballos y Nuevo Callao) y una persona que solía viajar al sur, desapareció en Angostura del Orinoco (Ciudad Bolívar).

50% de los desaparecidos en este territorio violento son mineros artesanales, la mayoría provenientes de distintos municipios del estado Bolívar, y algunos, provenientes de otros estados como Anzoátegui, Monagas, Carabobo y Distrito Capital.

La mayoría de los familiares contactados aseguran que no denunciaron ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) porque no confían en el proceso de búsqueda del organismo, porque no los incluyen en las investigaciones o por miedo a denunciar. 

Asimismo, cuatro comerciantes desaparecieron este año, entre ellos una pareja que salió de San Félix con dos cilindros de gas doméstico que pretendían vender en Las Maramas, un sector minero del municipio El Callao. 

Sin embargo, las investigaciones han determinado que no es necesario estar vinculado directamente con la minería para ser víctima del pranato minero, o de funcionarios policiales. El 19 de abril a las diez de la mañana, el hombre de la pareja llamó a su familia para comunicar que ya iba de regreso a casa, que lograron vender las bombonas. Pero pasaron los días y hasta ahora no hay rastro de su paradero.

Los “desaparecidos” no pueden comunicarse con sus familiares

María Moceta y su pareja estuvieron desaparecidos por más de seis meses en las minas del kilómetro 88 del municipio Sifontes. Cuando logró salir de las minas, a finales de noviembre, Moceta informó que no se había comunicado con su familia porque quienes tienen el control del yacimiento no le permitían utilizar el teléfono hasta que terminara el trabajo acordado, e infringir la ley de los sindicatos sale más que caro.

Las desapariciones forzadas son una violación grave a los derechos humanos, sin embrago, el Estado, aun teniendo  la obligación de prevenir, sancionar y reparar tanto a las víctimas como a sus familiares, parece no tener voluntad política para hacerlo.

También, el modelo económico extractivista aurífero impuesto por régimen de Nicolás Maduro, implica quedar en medio del enfrentamiento armado entre grupos irregulares que imponen su voluntad a base de torturas, desapariciones, asesinatos a mansalva y esclavitud forzada que mantienen en zozobra a los pueblos mineros, grupos guerrilleros extranjeros como el ELN y las FARC, y cuerpos de seguridad militares y civiles como las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el Cicpc y las Fuerzas Armadas Especiales (FAES), y son estos enfrentamientos los que han dejado un saldo de al menos 25 masacres entre 2016 y 2020, siendo los mineros y comerciantes informales son los principales afectados del conflicto.

De igual forma, de acuerdo con el monitoreo de Correo del Caroní, entre 2019 y el primer semestre de 2020 han muerto al menos 137 personas: 39 mineros, dos comerciantes, y demás miembros de grupos delictivos y funcionarios del Estado. 45% de las víctimas no pudieron ser identificadas por efectivos del Estado, por el avanzado estado de descomposición en el que se encontraban, por carecer de documentos de identidad o por tener múltiples heridas de bala en el rostro.

Fuente: Correo del Caroní

Ataque contra civiles, la manera más cruenta de violación de DDHH en Venezuela

La Organización de Naciones Unidas (ONU) señala que los Derechos Humanos (DDHH) son la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sin embargo Venezuela no cumple con los Objetivos

El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, desde 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). 

En Venezuela se violan los DDHH de muchas formas, muestra de ello es el agravamiento de la pobreza, aumento de las desigualdades y la discriminación. Tampoco se respetan los derechos económicos, sociales y culturales.

El informe de la alta comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet, impulsó la adopción de una Misión de Determinación de Hechos para investigar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes ocurridos desde 2014, a fin de garantizar la rendición de cuentas de los perpetradores y justicia para las víctimas.

Ejecuciones extrajudiciales

Se le atribuyen a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) 93 de las 179 personas asesinadas a manos de cuerpos de seguridad del Estado entre el 1° de enero y el 30 de octubre de 2020, según los registros de Monitor de Víctimas, lo que se traduce en 52% de las ejecuciones, señala la ONG Proiuris.

Entre enero y octubre de 2020, Proiuris documentó 94 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Caracas. Solo uno de estos casos fue investigado por la Fiscalía. Se trata de la Masacre de El Limón, registrada el pasado 11 de junio, en el barrio El Limón de la parroquia Sucre. Una de las víctimas fue identificada como Wilmer Yánez Caraballo, quien era escolta de Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios del régimen de Nicolás Maduro.

El año pasado, entre el 21 y el 25 de enero, 11 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), a través de las FAES. Todas las víctimas eran hombres jóvenes críticos con el régimen, y habían tenido una participación en las protestas contra el régimen. Las autoridades afirmaron que sus muertes habían resultado de enfrentamientos con agentes de policía y que las víctimas se habían “resistido a la autoridad”.

Estas ejecuciones parecían formar parte de un ataque sistemático contra la población civil, y podían constituir crímenes de lesa humanidad

Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) se refería a cifras oficiales que señalaban que entre enero y el 19 de mayo de ese año se habían registrado 1.569 homicidios por “resistencia a la autoridad”.

Detenciones arbitrarias

Uno de los detenidos fue Roberto Marrero, jefe de Gabinete del presidente de la Asamblea Nacional, quien permanecía bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide. También el diputado Gilber Caro fue detenido por funcionarios del Sebin y estuvo incomunicado durante casi dos meses antes de ser liberado. Caro había sido detenido arbitrariamente en varias ocasiones, el 11 de enero de 2017 en la autopista Regional del Centro por una comisión del Sebin; luego el 26 de abril de 2019 en un restaurante en Las Mercedes. 

Yeidi Caro, hermana del parlamentario, denunció que estuvo recluido debajo de unas escaleras en el comando de las FAES en Caricuao, y no podía ponerse de pie, que no le daban comida, agua ni recibía luz solar.

Asimismo, el diputado Edgar Zambrano, vicepresidente primero del Parlamento, fue detenido por agentes del Sebin.

Otro caso fue el del capitán retirado de la Marina Rafael Acosta Arévalo, detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), a sus familiares y abogados no se les notificó su paradero. Ocho días después de su desaparición fue llevado ante un tribunal militar con señales de tortura; murió horas después en un hospital militar. La Fiscalía afecta al régimen abrió una investigación y dos militares fueron declarados culpables de homicidio preterintencional; pero no se presentaron cargos de tortura.

Por su parte, en horas de la madrugada del pasado 23 de abril, una comisión de funcionarios de la Dgcim, llegó a la casa paterna del teniente Richard Alemán Castellanos, en Puerto Cabello, y se llevaron detenidos a varios familiares del teniente, entre ellos sus dos hermanas Yolimar y Andreína Alemán Castellanos, el esposo de una de ellas el capitán Ericsson Alexander Chaya Barrueta y su primo Manuel Castellanos.

El teniente, por su parte, habría pasado a territorio colombiano, pero la presión sobre su familia por parte de la DGCIM lo obligó a regresar; fue apresado, siendo recluido en la sede central de la DGCIM en Boleíta, Caracas. Su caso y el de sus familiares, incluso sus hermanas aún presas en DGCIM, ha permanecido en silencio.

El más reciente caso, es el del teniente coronel de la Aviación, Ruperto Molina, fue enviado a una celda de castigo en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Después de la primera audiencia de su juicio, el 20 de noviembre, lo sacaron de su celda, le quitaron su ropa, su comida y sus medicinas.

Del mismo modo, en mayo de 2020, el régimen condenó a siete ciudadanos por protestar por fallas en el servicio eléctrico en el Tocuyo, estado Lara, entre ellos Luis Pérez, quien padece de Trisonomia 21 (Síndrome de Down).

Foto: Luís Pérez – El Impulso

Aquí algunos casos emblemáticos de torturas: 

Asimismo, fue presentado ante la OEA, un video que muestra las torturas y tratos crueles e inhumanos a los que son sometidos los detenidos en Venezuela.

En este sentido, el teniente Ronald Dugarte, exfuncionario de la Dgcim expuso, ante la OEA, evidencia videográfica de torturas y malos tratos a presos políticos en Venezuela, y dio su testimonio del crítico estado en el que se encuentran varios de los reclusos.

También, el capitán Juan Caguaripano Scott fue privado de libertad el 11 de agosto de 2017 acusado de la toma del Fuerte Paramacay en Carabobo, traición a la patria, sustracción de armas, ataque, rebelión, entre otros. El militar fue encarcelado en la sede del Sebin en Plaza Venezuela, exactamente, en un lugar llamado “La Tumba”.

Según un informe, se conoció que por una descarga eléctrica suministrada durante su reclusión, el militar retirado presentó desprendimiento de ambos testículos.

De acuerdo con el informe de la OACNUDH, en la mayoría de los casos las personas detenidas eran sometidas a tortura, con prácticas como aplicación de descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento o violencia sexual.

El abuso y la violencia también lo sufren las mujeres presas políticas, quienes son más vulnerables a las torturas y violencia de género. De acuerdo con la Organización Acción Libertad para marzo de 2018 había 17 mujeres presas políticas en Venezuela, disidentes del régimen de Maduro.

Aquí un material, realizado por dicha Organización, sobre algunas de estas víctimas, y a propósito de la campaña #Libérenlas:

A mediados del 2014, sin que existiera ninguna orden de aprehensión en su contra, Araminta González, en ese entonces de 33 años, fue detenida por agentes de inteligencia mientras paseaba con su novio en un centro comercial de Caracas.

La aprehensión, calificada de “ilegal” por su abogado José Vicente Haro, fue seguida de una brutal paliza, tortura y amenazas de muerte que su defensor describió como “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

González, técnico en procesos químicos, fue apresada por participar en protestas del 2014 contra el régimen, y fue acusada de supuesta “fabricación de explosivos” y encerrada en una cárcel de mujeres en las afueras de Caracas.

Otro caso es el de Emirlendris Benítez, a quien el régimen imputó por el presunto magnicidio del dictador Nicolás Maduro. Las hermanas de la reclusa denunciaron que cuando fue detenida hace dos años estaba embarazada pero las torturas que recibió en la Dgcim le provocaron un aborto.

El más reciente informe de la ONG Foro Penal Venezolano señala que se registró un total de 356 presos políticos en Venezuela; de los cuales 330 son hombres y 26 mujeres. Entre ellos están 130 militares y 226 civiles.

https://twitter.com/ForoPenal/status/1336374492499742726?s=20

Según el conteo oficial de la Organización, Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, actualmente en Venezuela hay 384 presos políticos, de los cuales 217 son militares y 167 civiles.

https://twitter.com/Coalicion_ddhh/status/1336800346451173379?s=20

De igual forma, la ONG Todos por la Libertad, contabiliza desde el 2014, hasta el pasado mes de noviembre, 15.647 presos políticos, lo que se traduce en 2.608 presos por año.

Además de esto, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, informó que los reclusos reciben alimento una sola vez al día.

Violación a la libertad de expresión y al derecho de estar informado

Los ataques a la prensa se han visto de manera creciente este año. Varios portales de noticias, fueron bloqueados entre enero y noviembre. La organización local de DDHH Espacio Público registró 1.017 casos de violaciones del derecho a la libertad de expresión entre enero y noviembre de este año.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) registró 244 ataques contra la libertad de prensa entre enero y junio, ataques que incluían censura, hostigamiento, agresiones físicas contra trabajadores, detenciones arbitrarias y robo de equipos.

En octubre, había 193 personas detenidas por publicar opiniones o denuncias en las redes sociales o la prensa. 

El periodista Luis Carlos Díaz fue detenido arbitrariamente por el Sebin durante 30 horas. Fue trasladado a un centro de detención clandestino en el que permaneció ocho horas y después fue llevado a su casa para el allanamiento del inmueble. Al comunicador se le prohibió viajar, debía presentarse ante el tribunal local cada ocho días y no podía hacer declaraciones públicas.

Foto: El Impulso

Violación al derecho de libertad de asociación, reunión y manifestación 

Por otra parte, la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 16.739 manifestaciones durante el año, la mayoría relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, especialmente con la negociación colectiva, la alimentación, la salud, el agua y otros servicios públicos.

En estas protestas lo habitual era que grupos armados emplearan la violencia contra manifestantes.

También, al secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco, Rubén González, lo detuvieron el 29 de noviembre de 2018 en Anaco, estado Anzoátegui, cuando regresaba de una marcha en Caracas en defensa de los contratos colectivos y el cese de la persecución.

Foto: Rubén González – Infobae

Los derechos de los pueblos indígenas no se respetan 

El 23 de febrero, en la ciudad de Santa Elena, en la frontera entre Venezuela y Brasil, la GNB hizo uso excesivo de la fuerza contra indígenas que se dirigían a la frontera para recibir ayuda humanitaria. La OACNUDH confirmó que siete personas murieron y 26 resultaron heridas por disparos de fuerzas militares

La presencia de grupos irregulares armados y bandas delictivas organizadas causan violencia e inseguridad en territorios indígenas del sur del país.

El 5 de marzo del 2016, 17 mineros murieron en una masacre en una mina de oro, en Tumeremo, estado Bolívar. Familiares denunciaron su desaparición. 

La minería descontrolada causa violaciones de DDHH en el sur del país, las personas que trabajan en la región del Arco Minero del Orinoco están atrapadas en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, según un informe publicado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El informe de la Alta Comisionada describe cómo los grupos criminales, conocidos localmente como “sindicatos”, ejercen el control sobre una gran cantidad de operaciones mineras en el Arco Minero del Orinoco.

Varias personas entrevistadas para el informe sugieren que desde 2016 ha habido un fuerte aumento de la prostitución, la explotación sexual y el tráfico en las áreas mineras, incluso de adolescentes. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también recibió informes de que niños de tan solo nueve años trabajan en las minas.

También en Bolívar se vive otra realidad que representa una amenaza para los DDHH. Norkis Salazar, coordinadora de Género de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), explicó que han registrado al menos tres casos de trata de personas en el municipio Caroní del estado Bolívar. También mencionó el caso de una bebé que fue raptada del Hospital Uyapar. El responsable de este delito terminó detenido e imputado por trata de personas.

Por otra parte, en Bolívar se registraron por lo menos 11 mujeres desaparecidas en lo que va de año, según el monitoreo que Codehciu realiza a medios de comunicación.El país y el mundo deben centrarse en la reconstrucción de valores para garantizar el respeto por los DDHH de cualquier persona.

Comisión Presidencial para el Arco Minero y Ambiente 

En Venezuela el hambre, los desplazamientos y las ejecuciones también son una forma de genocidio

La ONU conmemorará este Día con un acto virtual, a partir de la 1:00 de la tarde, en la sede de la Organización en Nueva York, a efectos de honrar a las víctimas del genocidio, así como efectuar el llamamiento del Secretario General a favor de un alto al fuego mundial

Este 9 de diciembre se celebra el Día para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y su Prevención, también el septuagésimo aniversario de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, conocida como la Convención sobre el genocidio, el primer tratado de derechos humanos aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual establece la obligación de los Estados partes a prevenir y castigar el delito de genocidio.

En Venezuela, el informe de la ONU demuestra que el régimen de Nicolás Maduro comete un genocidio en el país. En el documento se evidencia que el chavismo es responsable de cometer Crímenes de Lesa Humanidad, actos que se vienen denunciando desde hace dos décadas.

En tal sentido, algunos diputados desde la Asamblea Nacional (AN) han solicitado la aplicación del artículo 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), el cual contempla el uso de la fuerza militar para restablecer la paz y la democracia en el país que solicite su activación.

En la Cumbre Mundial 2005, todos los Jefes de Estado y de Gobierno afirmaron la responsabilidad de proteger a las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. La responsabilidad de proteger se basa en tres pilares igual de importantes: la responsabilidad de cada Estado de proteger a sus poblaciones (primer pilar); la responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a proteger a sus poblaciones (segundo pilar); y la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un Estado cuando es evidente que este no logra hacerlo (tercer pilar). La aprobación de este principio en 2005 constituyó un compromiso firme que despertó grandes expectativas sobre un futuro libre de este tipo de crímenes.

En la actualidad, hay diversas situaciones en las que las poblaciones sufren el riesgo de ser víctimas de crímenes que podrían evitarse a través de la responsabilidad de proteger, o en las que ya se están produciendo dichos crímenes. Estas crisis están teniendo lugar en un contexto de retroceso del internacionalismo, de disminución del respeto por el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, de desunión política dentro de órganos fundamentales de adopción de decisiones, como el Consejo de Seguridad, y de elevado nivel de derrotismo en lo relativo a la promoción de programas ambiciosos como el de protección, señala el documento de la Cumbre.

En Venezuela ocurren  muertes violentas conocidas como ejecuciones extrajudiciales, crímenes por tortura en centros de reclusión, ciudadanos han sido asesinados por policías y militares durante las protestas de calle, hay  desapariciones forzosas, víctimas de bandas armadas por el régimen. Sin dejar de lado a otros cientos y miles de personas que han muerto por hambre, falta de medicinas o carencia de tratamientos médicos. En tal sentido, la negación por parte del régimen a aceptar la ayuda humanitaria es parte del genocidio.

Exterminio sistemático de pueblos originarios

El 22 de febrero de 2019, la población indígena Pemón: San Francisco de Yuruani, fue objeto de una masacre, que acabó con la vida de 3 pemones y 12 resultaron heridos, todos por disparos efectuados por uniformados del régimen.

Nueve meses después, el 22 de noviembre, ocurrió otra masacre en el país. En esta ocasión, en la comunidad indígena Pemón del poblado de Ikabarú, al límite de la frontera con Brasil, donde sujetos vestidos de negro dispararon  y dejaron a 8 personas fallecidas. En este sector se ejerce de forma tradicional la minería, caso que se pudiese comparar con los ocurridos en otras zonas mineras al sur del país, que son controladas por grupos irregulares armados, llamados “sindicatos”, en donde las masacres, mutilaciones y desapariciones de personas son frecuentes.

Luego de estos sucesos, 1300 pemones venezolanos atemorizados se desplazaron hacia el lado de Brasil. El poblado de Tarau Paru, que contaba con aproximadamente 200 habitantes, tuvo que acoger a 900 de sus hermanos pemones, provenientes de distintos poblados de Venezuela como: Manak Kru, Wuaramasén, Santo Domingo, Maurak y Kumaracapay.

En el país no solo se evidencia el genocidio en el hambre que pasan cientos de venezolanos, incluyendo niños y adultos mayores, también en la falta de medicinas y tratamientos médicos, en los desplazamientos, ejecuciones y desapariciones forzosas. Además hace falta que existan cifras reales y actualizadas de la cantidad de personas que fallecen por desnutrición, por enfermedades que ya estaban erradicadas; y que sean escuchadas las voces de las víctimas, que haya justicia penal y reparaciones, y que se establezcan mecanismos para la prevención de nuevos crímenes atroces.

Comisión Presidencial para el Arco Minero y Ambiente

Falleció por COVID-19 el líder pemón Ricardo Delgado, activista por los derechos de los pueblos indígenas

El líder pemón y exalcalde del municipio Gran Sabana del estado Bolívar, Ricardo Delgado, falleció por COVID-19 en Boa Vista (Brasil), la madrugada de este jueves, 3 de diciembre.

Delgado fue defensor por los derechos de los pueblos indígenas y fungía como representante presidencial en el estado de Roraima (Brasil).  Coordinó el Centro de Atención al Venezolano, organización que se encarga de ayudar a los migrantes a tramitar servicios consulares. También apoyó a la fundación Freedom House.

Fue un hombre que luchó arduamente por los pueblos indígenas y que lideró las denuncias ante la OEA sobre la masacre de Kumarakapay el año pasado.

El indígena fue un reconocido luchador social, profesor universitario y político. El 22 de febrero de 2019 lideró a uno de los grupos de pemones que hicieron frente a las Fuerzas Armadas que perpetraron una masacre en la comunidad de Kumarakapay, esas acciones violentas se extendieron por el municipio Gran Sabana dejando 9 muertos y más de 40 heridos.

Mientras otros capitanes y representantes pemones resguardaban a la población en diferentes frentes durante dichos disturbios, Delgado se instaló en Kumarakapay para evitar que continuara el ingreso de civiles armados y militares que pretendían instalarse en la población indígena.

Tras esta acción perpetrada por los cuerpos de seguridad del régimen, especialmente militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), 966 personas de 14 comunidades indígenas se vieron obligadas a desplazarse de sus hogares a territorio brasileño, siendo Delgado una de las personas que migró a Brasil.

También, el mes pasado, en el marco de las elecciones municipales que se celebraron en Brasil, Delgado denunció ante el Ministerio Público a dos candidatos a la alcaldía de Boa Vista por incitar a la xenofobia, con algunas propuestas que apuntaban a restringir la llegada de venezolanos a ese estado fronterizo.

Amigos, activistas, partidos políticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, lamentaron la muerte de Delgado y enviaron condolencias a sus familiares y amigos.

En tal sentido, el diputado y Comisionado Presidencial para el Arco Minero y Ambiente, Américo De Grazia, envió un mensaje de solidaridad de la Fundación defensora de los DDHH Freedom House Latín América a la familia Pemón por el fallecimiento de su líder en el exilio.

La organización Freedom House, la asociación civil Kape Kapé y el director de Foro Penal, Alfredo Romero, también lamentaron la muerte del líder pemón.

Comisión Presidencial para el Arco Minero y Ambiente

La Consulta Popular es una vía para rescatar la democracia

El Comité Organizador de la Consulta Popular anunció las cuatro modalidades que les permitirán a los venezolanos, dentro y fuera del país, manifestar libremente su voluntad en respuesta al fraude del 6D.

Los venezolanos podrán utilizar cualquiera de las cuatro “puertas” hacia el voto, las cuales permitirán que todos participen, cualquiera sea su condición social.

Las cuatro modalidades son:

  • Mediante la aplicación Voatz.
  • En Telegram @ConsultaPorVzlaBot.
  • Modo presencial.

Los miembros del Comité Organizador Emilio Grateron, Biagio Pilieri, Freddy Guevara y Enrique Colmenares Finol, explicaron detalladamente a la prensa cómo utilizar cada herramienta a partir del 7 de diciembre y hasta el 12, cuando se activarán miles de puntos en todo el país para aquellos venezolanos que quieran manifestar su voluntad de manera presencial.

Para los que utilicen la vía virtual, pueden acceder a la página web www.consultaporvzla.com, descargar la aplicación VOATZ – disponible en Geogle Play y la App Store, así como utilizar Telegram, buscando allí @ConsultaPorVzlaBot.

En cada modalidad el proceso es muy sencillo y solo basta con tener la Cédula de Identidad o el Pasaporte a la mano, sin importar que esté vencido. Cada quien debe registrar su información personal y seguir las instrucciones paso a paso. Finalmente debe responder a las tres preguntas y, una vez finalizado el proceso, recibirá un código único e intransferible que confirmará la participación en la Consulta.

A continuación las preguntas:

Después de la fase digital, los venezolanos deberán asistir a cualquiera de los miles de centros que estarán desplegados dentro y fuera del país, para llevar su código y manifestar personalmente su voluntad.

En caso de que falle Internet o algunos venezolanos no tengan acceso a ello, del 7 al 12 de diciembre, habrá puntos itinerantes en varios sitios del país con voluntarios dispuestos a ayudar a los interesados en participar y donde podrán ejercer su derecho de la manera tradicional.

En todos los casos, el proceso es muy sencillo y basta con seguir las instrucciones hasta que el sistema arroje el Código de Participación que se deberá imprimir o anotar en un papel como muestra de manifestación de la voluntad de cada quien. Los miembros del Comité aseguraron que será imposible votar dos veces y que aspiran a una elevada participación, así como convocan a manifestarse personalmente el 12 de diciembre, para darle mayor peso político a esta muestra de la verdadera voluntad de los venezolanos por cambiar el rumbo del país.

En tal sentido, el diputado Américo De Grazia sostuvo que “queremos elecciones transparentes, democráticas, confiables y supervisadas por organizaciones internacionales, no fraudes… y que los aliados intervengan en Venezuela, pero hay que construirlo, y para eso es la Consulta Popular”.

Comisión Presidencial para el Arco Minero y Ambiente

Antonio Guterres: Estamos librando una “guerra suicida” contra la naturaleza

Guterres quiere poner la lucha contra el cambio climático en el centro de la misión global de la ONU

“Nuestro planeta está quebrado”, advierte el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres en un discurso al que tuvo acceso exclusivo la BBC y que pronunció en un evento especial sobre el medio ambiente.

La humanidad está librando lo que él describe como una “guerra suicida” contra la naturaleza, dijo.

En un discurso titulado “Estado del planeta”, anunció que su “objetivo central” de cara al próximo año será construir una coalición global en torno a la necesidad de reducir las emisiones a cero. El cero neto se refiere a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la medida de lo posible y equilibrar cualquier emisión adicional eliminando una cantidad equivalente de la atmósfera a través de distintas políticas.

Guterres cree que todos los países, ciudades, instituciones financieras y empresas “deberían adoptar planes para llevar a cabo una transición a cero emisiones netas para 2050”. En su opinión, también deberán adoptar medidas decisivas ahora para encaminarse hacia el logro de esta visión.

El objetivo, dice el secretario general de la ONU, será reducir las emisiones globales en un 45% para 2030 en comparación con los niveles de 2010.

Estas son las políticas que Guterres exigirá a las naciones del mundo:

  • Poner precio al carbono.
  • Eliminar gradualmente la financiación y terminar con los subsidios a los combustibles fósiles.
  • Transferir la carga fiscal de los ingresos al carbono y de los contribuyentes a los contaminadores.
  • Integrar el objetivo de la neutralidad de carbono (un concepto similar al cero neto) en todas las políticas y decisiones económicas y fiscales.
  • Ayudar a las personas de todo el mundo que ya se enfrentan a los terribles impactos del cambio climático.

“La ciencia es clara”, le dice Guterres a la BBC, “a menos que el mundo reduzca la producción de combustibles fósiles en un 6% cada año entre ahora y 2030, las cosas empeorarán. Se pondrán mucho peor”.

Las políticas climáticas aún no están a la altura del desafío, dice el jefe de la ONU, y añade que “sin una acción conjunta, nos encaminamos a un aumento catastrófico de la temperatura, que será de tres a cinco grados este siglo”.

“La gran mentira verde”: cómo la pérdida del Amazonas va mucho más allá de la deforestación. El impacto ya se está sintiendo en todo el mundo, sostuvo.

Por otra parte, señaló que “el negocio del carbón se está esfumando”, porque cuesta más operar la mayoría de las plantas de carbón que construir nuevas plantas renovables desde cero”.

Al respecto, el Comisionado Presidencial para el Arco Minero, Américo De Grazia, señaló que “en Venezuela se llama Arco Minero. Si con el boom petrolero y el rentismo boyante el país nunca bajó el índice de pobreza a menos del 30%, que nos hace pensar que podemos mejorar con Oro De Sangre”.

Denunció además, como parte del “holacausto ecológico” que en Los Roques construyen “palacios” para los enchufados. “En el Arco Minero saquean el oro, PDVSA derrama petróleo, en Valencia envenenan el lago, en Los Andes afectan los glaciales tropicales”.

Comisión Presidencial para el Arco Minero y Ambiente