Usos y abusos de las armas repartidas en Venezuela

La Semana del Desarme busca promover el conocimiento y mejor comprensión de los temas de desarme y su importancia transversal

A partir del 24 de octubre, aniversario de la fundación de las Naciones Unidas, la celebración anual de una semana de duración se llamó por primera vez en el Documento Final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 1978 sobre el desarme (resolución S-10/2).  En 1995, la Asamblea General invitó a los gobiernos, así como a las organizaciones no gubernamentales (ONG), a seguir participando activamente en la Semana del Desarme para promover un mejor entendimiento del público de  los asuntos de desarme.

La acumulación excesiva y el comercio ilícito de armas convencionales arriesgan la paz y la seguridad internacionales además del desarrollo sostenible, mientras que el uso de armas convencionales pesadas en zonas pobladas pone en grave peligro a los civiles.

En 2018 el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, presentó una agenda mundial para el desarme, a fin de salvar a la humanidad.

Esta agenda resalta que el gasto militar crece, en el mundo hay cerca 15.000 armas nucleares, en el 2017 el gasto militar mundial para la adquisición de armas fue de 1.7 billones de dólares.

Cabe destacar que el régimen de Maduro ha adquirido ilegalmente una gran cantidad de armamento bélico y contraído una deuda milmillonaria que se ha pagado con la pérdida de la soberanía y con minerales de sangre, mientras la población carece de medicinas y alimentación. Situación provocada por el mismo régimen que se justifica inescrupulosamente en las supuestas sanciones que Estados Unidos ha impuesto a su estructura criminal. La excepción de las mismas, están relacionadas con la provisión de artículos como alimentos, ropa y medicamentos «destinados a aliviar el sufrimiento humano». La nación norteamericana puntualiza que en el caso de los alimentos, productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y artículos humanitarios no son objeto de restricciones.

Fuente: Contagio Radio

Casos en Venezuela

En el país existe la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, que tiene por objeto fiscalizar el porte, tenencia, posesión, uso, registro, fabricación, comercialización, abastecimiento, almacenamiento, registro, importación, exportación, tránsito y transporte de todo tipo de armas y municiones… combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones; así como crear los planes para ejecutar, coordinar y supervisar el desarme de las personas naturales y jurídicas a los fines de garantizar y proteger a los ciudadanos…

Existen dos grandes tratados que rigen el comercio ilícito de armas y el tráfico. El Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones (generalmente conocido como el Protocolo sobre armas de fuego),  adoptado por la Asamblea General en mayo de 2001, que complementa el instrumento del que se deriva, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), que entró en vigor en julio de 2005.

Ambos instrumentos promueven la cooperación internacional para hacer frente a los desafíos planteados por el tráfico de armas y sus consecuencias negativas para la paz, la seguridad y el desarrollo socioeconómico.

Asimismo, la Convención de Palermo adoptada el 15 de noviembre del año 2000, un tratado multilateral patrocinado por las Naciones Unidas en contra del crimen organizado transnacional y sus tres Protocolos son:

1- Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños.

2- Protocolo de las Naciones Unidas contra el Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.

3- Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego.

Sin embargo, en Venezuela las muertes violentas por parte de los supuestos cuerpos de seguridad, que han operado de la mano de civiles armados y grupos terroristas, así como las actividades de las bandas delictivas en todo el País, han colocado a nuestra nación como uno de los países más violentos del mundo, cuya violencia ha evolucionado a la par de países declarados oficialmente en guerra, como la que se sostiene en Ucrania.

La guerra del régimen contra la población venezolana, incluye también las masacres relacionadas con el extractivismo, el oro de sangre y los minerales en conflicto, tal como lo denunció el comisionado presidencial para el Arco Minero y Ambiente, diputado Américo De Grazia.

En diálogo con Infobae, De Grazia explicó que hay zonas que están vedadas a los grupos criminales y son aquellas donde tienen intereses Rusia e Irán. “Además de oro, en el cinturón hay presencia de un mineral llamado torio. Este se usa para la fabricación de misiles y es de administración exclusiva y está monopolizado por los rusos e iraníes”, aseguró.

Fuente: Miami Diario

De masacres a castigos ejemplarizantes, disparos en las extremidades son una forma de pena impuesta que le ponen a los mineros cuando estiman que “haya reportado menos oro del que se suponía había producido, o alguna otra falta, menor o mayor”.

En este caso particular, estimó que la falta “no debió haber sido grave porque los disparos fueron en las piernas”. “Si hubiera sido más grave, les hubieran tirado a las manos y en otros casos los podrían haber matado”. “Una persona a la que le dan un tiro no puede trabajar más en esa mina. Y no lo hacen solo para castigar a quien comete una falta, sino para que los demás entiendan cómo se pagan”, subrayó.

Guerra extraterritorial

Ocurrió una pelea entre bandas armadas el 21 de julio de 2019, en el Día del Niño, hombres armados dispararon contra ciudadanos que esperaban en la parada de bus del sector El Gallo en San Félix, estado Bolívar, resultando en un saldo de al menos siete muertos y tres heridos, incluyendo a un bebé de un año, lesionado en una pierna por el roce de una bala.

También, El Pitazo reportó que miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla colombiana con presencia en Venezuela, se enfrentaron con una banda por el control de una mina ubicada cerca de El Manteco, en el municipio Piar, Bolívar. De acuerdo con testimonios de vecinos del lugar, ocho personas habrían muerto.

La violencia en El Callao es elevada. El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) informó que el 2018 registró una tasa de 620 muertes por cada 100.000 habitantes.

En este conglomerado de terror que asecha a la población se identifican “Pranes”, sindicatos, colectivos, FARC, ELN, entre otros.

Fuente: Infobae

El chavismo entrena a grupos civiles con armas de guerra en los estados fronterizos Táchira, Apure, Zulia y Amazonas, zonas donde es común la presencia de paramilitares y bandas armadas, que extorsionan, secuestran, amenazan y asesinan. Los ciudadanos reclutados por la necesidad y el hambre, son disfrazados de milicianos y a los entrenamientos se les da el nombre de “ejercicios militares”.

En estas actividades están involucrados líderes de los denominados Comités Locales de Abastecimiento Popular (CLAP), y figuras del régimen. 

También, el gobierno de Colombia, informó sobre el financiamiento y apoyo a grupos guerrilleros, que incluye armas de fuego. Según reseña El Observador hay evidencia de fusiles venezolanos en manos de las ahora disueltas FARC en la década de los 90 y la entrega de armas al ELN que siguen en actividad y opera desde Caracas.

Transparencia Venezuela en su informe de 2019 “Crimen Organizado y Corrupción en Venezuela” identifica a 9 bloques delictivos que controlan al País, donde el ELN “tendría presencia en 12 estados: Táchira, Zulia, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Falcón, Amazonas, Barinas, Portuguesa, Guárico, Bolívar y Apure, con grupos armados y emisoras clandestinas para adoctrinar”. 

Índices de violencia

Según reseña El Nacional, el informe de la CEPAZ, institución evaluadora de la violencia, desde su sede en Ginebra, Suiza, “en el año 2019, Venezuela se mantiene como uno de los países con mayor número de muertes violentas en la región y  el mundo. Presentando un estimado de 16.506 fallecidos y una tasa de 60,3 muertes violentas por cada cien mil habitantes, muy por encima de cualquiera de los otros países considerados violentos en América Latina.

Esta tasa es el resultado de los tres tipos de muertes violentas: los 6.588 homicidios cometidos por los delincuentes, cuya tasa es de 24 víctimas por cada 100.000 habitantes; las 5.286 muertes por resistencia a la autoridad, según la denominación oficial, pero que en su mayor parte son homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales con una tasa de 19 víctimas por cada 100.000 habitantes; y las 4.632 muertes de intencionalidad indeterminada, registrados oficialmente como averiguaciones de muerte, pero que también en su mayor parte son homicidios o permanecen sin aclarar su situación al final y cuya tasa estimada es de 17 víctimas por cada 100.000 habitantes”.

Comisión Presidencial para el Arco Minero y Ambiente

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